Centro de Estudios de Seguridad y Defensa

Centro de Estudios de Seguridad y Defensa, una Iniciativa de Funglode

Conversando Seguridad y Defensa: “El fortalecimiento institucional y democrático desde la seguridad San Francisco, junto a los Capítulos Provinciales de Funglode”

Conversando Seguridad y Defensa: “El fortalecimiento institucional y democrático desde la seguridad San Francisco, junto a los Capítulos Provinciales de Funglode”

El encuentro tuvo lugar en la Universidad Católica Nordestana (UCNE), con el tema “El fortalecimiento institucional y democrático desde la seguridad”, tomando como referencia proyectos de ley que reposan en el Congreso Nacional.

La asistencia estuvo compuesta por estudiantes universitarios con un total de aproximadamente de 50 participantes, las exposiciones de Josefina Reynoso, directora del CESEDE, Máximo Hernández y Melina Zaiz, y la participación de miembros de los Capítulos Provinciales de Funglode y su coordinador general, Manuel Amézquita.

Reynoso se refirió a lo presentado en el título XII de la actual Constitución Dominicana: “De las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de la Seguridad y Defensa”.

AnthonyInirio,	Josefina	Reynoso,	Máximo Hernández	Manuel Amézquita	y Melina Zaiz.

Anthony Inirio, Josefina Reynoso, Máximo Hernández Manuel Amézquita y Melina Zaiz.

De su lado, Hernández analizó la reforma policial y expresó sus opiniones del tema. Con relación a los ascensos y los ingresos, dijo que deben establecerse en función de la igualdad de acceso, mediante concursos de oposición públicos y también el criterio de antigüedad en el cargo.

Para concluir, Zaiz abordó lo relacionado a la ley para el control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados que fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado miércoles 08 de junio.

Destacó puntos que a su parecer resultan importantes dentro de la iniciativa. En primer lugar, el objeto de la misma que, desde su punto de vista, básicamente versa sobre el paulatino desarme de la población civil, acompañado de la prevención y el control del uso de las armas por parte de civiles y las armas usadas por los militares y policías fuera de reglamento.

En segundo lugar, la delegación de la clasificación de las armas al Ministerio de Interior y Policía en conjunto con el Poder Ejecutivo. Asimismo, los requisitos para adquirir armas de parte de la población civil (ya sea persona física o jurídica), entre los cuales se encuentran la edad, un seguro contra daños y perjuicios, y una prueba de alcohol y dopaje anual con renovación de licencia.

Por otra parte, los deberes y obligaciones del poseedor de licencia de porte y tenencia de armas de fuego. De igual modo, las distinciones entre el uso civil y el militar y de policías fuera de reglamento. Y, finalmente, el establecimiento de un mecanismo periódico de recolección de armas en manos de la población civil.